Por: La Redacción.
El Paso, Texas., a 9 de mayo del 2024.- En la tranquila ciudad fronteriza de El Paso, Texas se desató una batalla legal que dejó a 211 migrantes respirando un suspiro de alivio, al desestimárseles los cargos por delitos menores al intentar cruzar a Estados Unidos.
Todo comenzó con el llamado “disturbio” en la frontera entre Estados Unidos y México el 21 de marzo. Más de 200 migrantes fueron acusados de participar en este incidente, enfrentando cargos por participación en disturbios, delitos menores que podrían haber tenido consecuencias graves para sus vidas futuras.
Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado en la corte del Condado de El Paso. El juez de la Corte de Leyes, Rubén Morales, presidió una audiencia crucial el miércoles 8 de mayo.
La defensora pública, Kelli Childress, se presentó en representación de los migrantes, argumentando que los casos habían llegado indebidamente a la corte de Morales.
Childress señaló un punto clave: cuando los casos fueron trasladados de la corte de Distrito a la del Condado, no se emitió la orden de transferencia correspondiente, un paso necesario para conferir jurisdicción sobre un caso a otra corte. “Todos esos procesos fueron ignorados aquí”, dijo Childress en sus palabras de apertura.
El Estado de Texas, representado por Kyle Lasley del Fiscal del Condado de El Paso, sostuvo que, dado que la corte de Morales tiene jurisdicción sobre casos de delitos menores, los argumentos sobre jurisdicción no tenían validez. Sin embargo, Morales eventualmente estuvo de acuerdo con Childress, diciendo que sus manos estaban atadas sin la orden de transferencia de jurisdicción sobre los casos a su corte.
“Si no tengo jurisdicción”, dijo el juez, “no hay nada que pueda hacer en estos casos” excepto desestimarlos.
La noticia de la desestimación de los casos fue recibida con alegría y alivio entre los migrantes y sus familias. Sin embargo, para Childress y su equipo, la batalla aún no había terminado. Tenían más de 100 reclamos de jurisdicción pendientes relacionados con acusaciones presentadas en abril, y criticaron a la fiscalía por seguir presentando acusaciones de delitos menores que consumían recursos del condado.
“Es muy frustrante ver lo que está sucediendo allí y realmente no entenderlo”, dijo Childress a los reporteros después de la audiencia. “Sigo escuchando las palabras de que esto no es un movimiento político y que no es una posición antiinmigrante, pero en lugar de escuchar lo que no es, me gustaría escuchar qué es”.
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