Por: La Redacción.
Saltillo, Coah., a 16 de enero del 2024.- La dirigencia nacional del PAN debe dar una explicación sobre el convenio firmado con el PRI que establece varias prebendas, y la dirigente estatal Elisa Maldonado también tiene que aclarar los motivos por los que no se ratificó la alianza con el PRI y demás aliados para la elección de ayuntamientos en Coahuila.
Ésta es la exigencia que hacen panistas como Marcelo Torres Cofiño, exlíder nacional del partido Acción Nacional y uno de los coordinadores de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.
Por su parte, el expanista y hoy morenista Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, dijo que, de ser un referente para la democracia en México, el PAN se ha convertido en una caricatura.
Las reacciones no se hicieron esperar luego de que Marko Cortés, líder nacional del panismo, exhibió el convenio firmado por el hoy gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador de Coahuila y coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira Valdez.
En dicho documento se establece que a los panistas se les dejaría desde el control del instituto de transparencia, pasando por el 20 por ciento de direcciones, subsecretarías y oficialías del registro civil, además de dos secretarías y la ratificación como magistrado del exlíder estatal Bernardo González Morales.
Torres Cofiño señaló que serán los ciudadanos quienes califiquen ese tipo de actuaciones e insistió en que quienes firmaron ese acuerdo son los que deben de dar las explicaciones.
“Claramente la ciudadanía tendrá en esto muchas versiones, muchas ideas y muchas respuestas, así como también muchas interrogantes, pero yo dejaría esa respuesta a la ciudadanía para que considere y valore todas estas situaciones. Yo no fui parte de ellos (de los acuerdos) y eso sí me limita a poder dar alguna opinión”, señaló, y dijo que lo más preocupante es saber por qué, si la dirigencia estatal estuvo presente el día que vencía el plazo para el registro de la alianza, no se consolidó.
Sin explicación
“Llama la atención que la dirigencia estatal no haya dado una explicación y no ha habido una postura de por qué no firmó la alianza. Sé que ni siquiera toman las llamadas y yo aquí estoy dando la cara. Creo que como consejero estatal y también como ciudadano merezco y merecemos saber la verdad de qué fue lo que sucedió antes, porque sé que la presidenta y el secretario general del partido estuvieron ahí y les pidieron (los dirigentes de los partidos de la alianza PRI, PRD y UDC) que se hicieran para atrás cuando se tomaron la foto”, señaló.
Dijo que alrededor de las 23:11 horas del pasado 9 de enero, él se fue a dormir creyendo que la alianza se formalizaría y por la mañana se enteró de lo ocurrido y no daba crédito.
Proceso solicitó en varias ocasiones una entrevista con Elisa Maldonado, pero el personal de prensa simplemente no respondió mensajes.
Torres Cofiño manifiesta que este silencio genera muchas especulaciones, sobre todo después del comunicado que emitió el partido a nivel estatal, en el que daba su completo respaldo al gobernador de Coahuila y señalaba que el proyecto del gobierno de coalición seguía y estaba antes de cualquier interés personal.
En tanto que Walss Aurioles dijo que al hacerse pública la forma en que Acción Nacional hace las negociaciones políticas para su beneficio, el partido se redujo a una simple caricatura.
“En su momento llegó a ser un factor importante de democracia, pero hoy es una simple caricatura; es increíble que supuestamente estén a favor de la independencia del Poder Judicial a nivel federal y en los estados esté negociando las posiciones de los magistrados”, señaló, al referirse a la exigencia para ratificar a un exdirigente como magistrado, sin establecer los méritos que tenga para ello.
En el convenio difundido en las redes sociales de Marko Cortés también aparece que los panistas exigían el control del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y el expanista señaló que esto demuestra la incongruencia del partido que sale a las calles a protestar y señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende restarle autonomía al órgano similar en el país.
“Critican que (el presidente de la república) intente meterse en las decisiones del instituto de transparencia y resulta que ellos también en Coahuila van y negocian para controlar políticamente al instituto. Realmente es una tristeza que el PAN haya acabado en eso”, dijo.
“El PRI no iba a cumplir”
Walss Aurioles dejó el partido hace dos años, cuando se empezó a gestar la alianza que llevó a Jiménez Salinas a la gubernatura. Fue de los pocos que la rechazaron y adelantó que ni el PRI ni su candidato iban a cumplir lo que prometieran a la militancia albiazul.
“Yo les dije que no estaba de acuerdo, principalmente por dos factores. El número uno es que es mentira todo lo que les digan; todo lo que les ofrezcan y les prometan, no es cierto, y aunque lo firmen nunca lo van a cumplir. Ahora lo estamos viendo. Y en segundo lugar, también les dije muy claro que para poder aliarse con el PRI se necesita ser cómplice, y ahora lo vemos en este convenio de complicidad para solapar todo”, expresó.
Como ejemplo de eso, señaló que ni siquiera se cumplió el otorgamiento de las seis notarías que en dicho convenio se establecieron para la militancia panista.
En el paquete de las 63 notarías autorizadas por el Congreso del estado el año pasado, 15 días antes de terminar el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís -quien dio el visto bueno-, sólo aparece el nombre de Guillermo Anaya Llamas como panista beneficiado, sin estar en la lista de aspirantes que se publicó el 7 de noviembre y la cual está en poder de Proceso.
En ella tampoco aparecen otros funcionarios de la entonces administración que sí recibieron el premio, como Sonia Villarreal Pérez, extitular de Seguridad y hoy comisionada para la relación Coahuila-Texas, y el aún fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier.
También se le otorgó el fiat notarial a Francisco de León Tello, pero en su caso sí aparece en el listado de aspirantes. Francisco es hermano de Jesús de León, quien fue diputado local y federal, además de dirigente estatal del panismo, cuando el partido iba a la baja en las preferencias y pasó a la tercera fuerza política en el estado.
Anaya Llamas tampoco respondió a las peticiones de entrevista y conocer su opinión tras el convenio exhibido y al haber sido uno de los beneficiados.
El exdiputado local y federal, así como expresidente municipal de Torreón, intensificó su actividad pública y en redes sociales en los últimos meses y afirmó el pasado mes de noviembre que había encuestas que lo ubicaban “muy competitivo”, por lo que su nombre era el que se mencionaba como posible candidato a la presidencia municipal.
Su caso motivó el conflicto entre su líder nacional y Jiménez Salinas, ya que también estaba incluido en el convenio para que los panistas designaran candidatos en un total de 14 ayuntamientos.
En este tema, el gobernador Jiménez olvidó su investidura como responsable del Poder Ejecutivo y salió a la defensa del Partido Revolucionario Institucional, al asegurar que los panistas no tenían derecho a nombrar al candidato en Torreón porque las preferencias ahora estaban inclinadas a favor del tricolor, tras varios años de ser un bastión de ellos.
También argumentó que simplemente Acción Nacional no cumplió con aportar el 20 por ciento de la votación que lo llevaría al triunfo en la gubernatura, ya que sólo obtuvo 6 por ciento y aun así los estaban incluyendo en la administración estatal.
Las exigencias
Una de las exigencias en el convenio era dejar al PAN dos secretarías. El 2 de diciembre pasado, Jiménez Salinas anunció los nombramientos para Mayra Lucila Valdés González y Esther Quintana Salinas como titulares de las secretarías de la Mujer y de Cultura.
Además de esta última, los panistas pretendían la de Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo o Economía.
Valdés González acaba de terminar su periodo como legisladora local y sus participaciones estuvieron relacionadas en su mayoría a criticar al gobierno federal, mientras que Quintana Salinas ha ocupado curules locales y federales, además de dirigir al panismo local y ser una de las que denunció la deuda ilegal contratada en el gobierno de Humberto Moreira Valdés.
Ambas señalaron en reiteradas ocasiones que apoyaban la alianza con el PRI “para evitar el avance de Morena en Coahuila”.
Con el receso por vacaciones decembrinas, no se ha terminado de integrar la totalidad de la administración pública, aunque Proceso pudo conocer que se han incorporado varios panistas a cargos menores.
En el documento difundido por el líder nacional panista se observa que para el año pasado se dejaron a los panistas cinco de los 16 distritos locales. Se hizo la observación de que cambiarían el distrito 01, con cabecera en Ciudad Acuña, si UDC hacía Alianza con Morena, pero esto no ocurrió y el PAN designó a la candidata.
Para el proceso federal, el PAN se quedaría con los distritos 3 y 5 para la designación de candidatos. En este caso no habría cambios con el conflicto suscitado entre Jiménez Salinas y Marko Cortés, ya que se trata de una alianza nacional.
Reparto malogrado
En el caso de la elección local, de haberse conformado la llamada Alianza Ciudadana por la Seguridad entre el PRI, PAN, PRD y UDC, a los panistas les hubiera tocado nombrar candidatos en los municipios de Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Múzquiz, Frontera, San Juan de Sabinas, Abasolo, Escobedo, Francisco I. Madero, Acuña, Castaños, Lamadrid y Torreón. En el resto de los ayuntamientos habría al menos un panista dentro de las planillas.
Walss insistió que eso no se cumpliría y que Manolo Jiménez Salinas lo sabía porque es un acuerdo ilegal, aunque él lo haya firmado.
Destaca que también quedó evidenciado que Rubén Moreira Valdez es quien controla políticamente en el estado, pues su firma aparece, cuando las que deberían de estar son las de los líderes estatales de los partidos.
“Eso convirtió al PAN en cómplice de las de las fechorías del PRI, tanto pasadas como futuras, y no nada más en cómplices sino en partícipe de las mismas y apoya que Rubén Moreira firme un convenio por el hecho de que él es quien controla políticamente el estado”, ratificó.
Convenios de impunidad
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Enrique Martínez, los convenios entre los partidos políticos no son más que pactos de impunidad a través de tráfico de influencias.
“Lo que llega a la comisión de un delito son estas dádivas en donde se puedan pactar las notarías públicas o crear puestos específicos que creo que rozan con el delito de tráfico de influencias” explicó.
Dijo que este tipo de situaciones deberían de estar ya siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que tiene como pruebas las capturas de pantalla de dicho convenio que hizo público el líder nacional del PAN.
Sin embargo, el titular de dicha fiscalía es uno de los beneficiados con las notarías entregadas a finales del gobierno de Riquelme Solís.
“En términos de derechos humanos pues llegamos a los casos de impunidad con estos acuerdos, independientemente de qué clase de partido político se llame y aquí es muy claro que lo que existe es ese pacto de impunidad escrito y no expreso para no tocar a los adversarios”, señaló.
Dijo que lo más vergonzoso, además de conocer cómo se realiza la designación de los magistrados a través de este tipo de favores políticos, fue el caso de exigir el control del ICAI y exhibir que no existe un pacto de apoyo a la ciudadanía o de investigación de violaciones graves a los derechos humanos y de no repetición de las mismas, sino en “tratar de sostenerse, mientras no me toquen y mantener ese sello de impunidad”.
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