Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 19 de octubre del 2023.- La publicación de material denostativo en redes sociales como Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube y medios de comunicación digitales es el mayor motivo de las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política contra las mujeres en razón de género, pues hay más de 100 quejas al respecto del 14 de abril de 2020 al 15 de septiembre de 2023.
“Se precisa que de estas 100 quejas por ataques en redes sociales en 32 casos se ha determinado la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, revela el Informe que presentó la Secretaría Ejecutiva del Consejo General el 20 de septiembre.
Por ejemplo, en 2022 Salma Luévano, la primera diputada trans a nivel federal, presentó una queja por las publicaciones de Gabriel Quadri realizadas en Twitter y Facebook que contienen expresiones de discriminación en contra de las mujeres trans.
En abril de ese mismo año, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, que los comentarios realizados por el diputado Quadri tuvieron como finalidad invisibilizar a la denunciante de Morena y a las mujeres trans. Ahora está inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
En El Sabueso revisamos el informe para contarte las implicaciones de que los ataques en redes tengan esta prevalencia y entrevistamos a Adriana Leonel de Cervantes, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, para que nos explique la violencia política de género en el plano digital:
Incrementan quejas de violencia política de género
Empecemos por definir este tipo de violencia. Según la guía del INE, es toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. No importa si esto ocurre dentro de la esfera pública, por ejemplo al impedir que tome protesta en el cargo; o privada, como amenazar a su familia para que renuncie a sus aspiraciones.
El informe refleja un incremento de las quejas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ya que en 2020 se denunciaron 21 casos y al 15 de septiembre del 2023 se acumularon 301 ante el INE.
Esto puede deberse a que, a pesar de que violencia política contra las mujeres existe desde hace décadas, apenas se está logrando establecer un marco que la delimite.
Prueba de ello es que en abril de 2020, el año del que parte el informe, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a ocho legislaciones en materia de violencia política de género.
“El incremento también de la violencia política se ha dado porque en 2019 se dieron las reformas constitucionales de paridad en todo, de la paridad transversal”, menciona Adriana Leonel sobre la ocupación de la mitad de los cargos para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos.
Eliminar publicaciones, la medida cautelar más solicitada
Con la reforma de abril de 2020, se definió que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) es el recurso jurídico para atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Es un gran avance, pues dicho procedimiento tiene la característica de ser expedito, además de ello la reforma de abril de 2020 logró que éste se utilizara en todo momento y no solamente durante los procesos electorales”, considera un documento sobre el PES elaborado por el INE.
Así, de los 301 casos interpuestos ante el INE, se registraron 94 vía PES. Por lo tanto, a la Dirección de Procedimientos Especiales Sancionadores del INE le corresponde elaborar el proyecto de medidas cautelares que se soliciten para ser sometido a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Las medidas cautelares se toman si hay un derecho que requiere protección urgente. El objetivo es detener los hechos que constituyan la infracción que es denunciada y que causen daños irreparables.
En 50 PES se solicitaron medidas cautelares, entre las que destacan 40 peticiones sobre “el retiro, suspensión y/o eliminación de las publicaciones, fotografías, videos, imágenes y/o comentarios realizados en redes sociales, medios de comunicación y/o plataformas digitales”.
En consecuencia, la medida cautelar decretada con mayor prevalencia fue ordenar el retiro de las publicaciones en 22 casos.
“En dichas publicaciones se han advertido contenidos que denotan una desvalorización de las mujeres en los espacios públicos con base en estereotipos de género y que las mismas conllevan el menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales”, dice el informe.
Sin embargo, la presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales señala que las medidas cautelares no deben confundirse con sanciones. Esto ocurre hasta que el TEPJF resuelve las infracciones denunciadas.
Un caso que ejemplifica esto es el de la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien presentó el 4 de agosto una denuncia en contra de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, por violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
El INE detectó al menos 95 publicaciones con descalificaciones hacia el cuerpo, el peso y la talla de la denunciante desde la cuenta “Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas)” y otros usuarios, de abril de 2021 a julio de 2023.
Sin embargo, el TEPJF revocó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ordenaba a Salinas Pliego el retiro de diversas publicaciones y abstenerse de realizar estas manifestaciones bajo cualquier modalidad.
Ciudadanos, quienes más han sido denunciados
De un análisis de los datos relacionados con las 301 quejas denuncias, el INE identificó un total de 379 mujeres víctimas. Las diputadas federales ocupan el primer lugar, ya que son 88 y representan 23%; las candidatas a diputadas federales están en segundo lugar y son 43, lo que equivale a 11%; en tercer lugar están 28 ciudadanas, es decir, 7%.
Asimismo, hay 667 probables infractores de los cuales 122 o 18.30% son personas morales, partidos políticos y medios digitales, mientras que 545 u 81.70% son personas físicas.
Al respecto, 408 hombres han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el sexo con mayor índice.
“En este sentido, los ataques en redes sociales y en medios de comunicación digital han sido cada vez más frecuentes y quienes han perpetrado estos ataques en su mayoría tienen la calidad de ciudadano”, se lee en el informe.
En el plano digital, la violencia política contra las mujeres en razón de género es anónima, y no es posible determinar quién está detrás de los perfiles que ejercieron la violencia.
“Lamentablemente ahora con las redes sociales, pues tenemos a muchas personas cobardes que se escudan bajo el anonimato, bajo una cuenta falsa para estar violentando mujeres detrás de un monitor o una pantalla de un teléfono celular”, lamenta Adriana Leonel de Cervantes.
Con información de Animal Político.